Argentina apeló en Nueva York para proteger sus acciones en YPF y evitar un pago millonario

El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro liderada por Santiago Castro Videla, presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una serie de argumentos para suspender un fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska. Este obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital, además de pagar una indemnización superior a los US$16.000 millones más intereses. La estrategia argentina busca evitar la ejecución de esta medida, que considera perjudicial para el interés público y contraria a normativas internacionales.

La presentación responde a los escritos de los demandantes del 17 de julio en los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge. Según el comunicado oficial, “los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones”. Además, se argumenta que la ley argentina prohíbe la venta de estas acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que elimina cualquier riesgo de “disipación” de activos. Por otro lado, se advierte que la ejecución del fallo causaría un “daño irreparable” al país, ya que la transferencia de acciones implicaría perder el control de YPF, la principal empresa energética de Argentina, un perjuicio que sería irreversible incluso si la apelación resultara favorable.

El consultor de Latam Advisors, Sebastián Maril, explicó en su cuenta de X que existen tres posibles escenarios tras esta presentación: la Corte podría permitir la apelación sin exigir las acciones de YPF, pero requiriendo otra garantía; podría rechazar la suspensión del fallo de Preska, obligando a la entrega de acciones; o podría suspender la orden y permitir la apelación sin necesidad de entregar los activos. “Todas las alternativas pueden venir acompañadas de un compromiso de los tres jueces de ‘apurar’ los fallos en la apelación por la entrega de las acciones y en la apelación primaria (fallo de los USD16.100 millones)”, añadió Maril.

Vulneraciones

Argentina sostiene que el fallo de Preska vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos, ya que las acciones de YPF están en territorio argentino y no se utilizan para actividades comerciales en suelo estadounidense. También se argumenta que exigir su entrega “vulnera principios de cortesía (comity) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna”. En este contexto, el comunicado destaca que “el interés público se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida”, ya que la ejecución afectaría a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino, además de comprometer las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, expresado la semana pasada mediante un amicus curiae presentado ante la Corte de Apelaciones, refuerza la posición argentina. Sin embargo, el grupo Burford, beneficiario del juicio, criticó este respaldo en un escrito presentado el lunes, argumentando que “el amicus curiae de la semana pasada no refleja el punto de vista del gobierno norteamericano, sino de funcionarios de bajo rango que no influyen en la estrategia exterior de Estados Unidos”. Según fuentes cercanas, los demandantes recordaron que en el pasado el gobierno estadounidense apoyó su posición.

Ahora, la Corte de Apelaciones debe designar a los jueces y fijar la fecha de la audiencia oral, prevista para los próximos meses. Maril señaló en X: “La Argentina concluye su descargo diciendo que si la Corte de Apelaciones no otorga la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska acudirá de manera urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos para resolver este reclamo administrativo”. Aunque no hay plazos definidos para una resolución, las partes esperan una decisión en el corto plazo, lo que marcará el rumbo de este litigio de alto impacto económico y político.